Artículo Plataforma Sanidad
Pública Zona Norte
Extraído de Ethical magazine
El 27 de Enero de 2014 acabamos el día con una noticia
muy alentadora, el plan privatizador del Gobierno de la CAM respecto a 6
hospitales y 27 centros de salud había sido definitivamente anulado y su mayor
defensor, el consejero de sanidad el Sr. Lasquetty, había dimitido tras
conocerse la decisión de los tribunales de mantener la suspensión cautelar del
proceso de externalización sanitaria. Su dimisión pone una vez más de
manifiesto que la presión ciudadana es la única forma de evitar que se pisoteen
los derechos fundamentales como el
derecho a una sanidad pública, universal y de calidad.
Pero esta victoria no debe llevarnos a creer que la
batalla está ganada, esta medida era tan solo una de las muchas que el gobierno del PP madrileño ha tomado en aras de
desestabilizar y hundir la sanidad universal y pública en beneficio de la
privada, de hecho a nivel estatal se han introducido medidas de copago, se ha
excluido de la atención sanitaria a centenares de miles de personas, se han
privatizado múltiples servicios como la lavandería central, limpieza… se ha
cedido la totalidad de las donaciones de sangre de la CAM a una entidad privada
(Cruz Roja), y se siguen privatizando centros sanitarios.
La ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad
–aprobada durante el gobierno del PP pero votada
también con el apoyo del PSOE- permite que cualquier centro sanitario o
socio-sanitario pueda ser gestionado por empresas privadas. Hay que tener en
cuenta que hasta ahora, ninguna de las
resoluciones del TSJM ha cuestionado la legalidad de la privatización que pretende el PP de la CAM –únicamente ha
puesto en cuestión las irregularidades del
proceso de adjudicación en relación con la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas-. Tristemente, se seguirán transformando hospitales
públicos en hospitales privados como los 6 públicos gestionados por empresas
privadas en los servicios no sanitarios de Madrid, o como en otras Comunidades:
Valdecilla (Cantabria), Can Misses (Baleares), Xeral (Vigo), etc.
Otra medida que hace peligrar la calidad de nuestro
sistema sanitario al ser una medida de “privatización encubierta” son las
derivaciones a clínicas y hospitales privados.
Las derivaciones son una forma de aprovecharse de las situaciones más
vulnerables de las personas que se encuentran en
interminables listas de espera, en ocasiones, en una delicada situación
de salud, para mentirles desde el Call Center (Centro privado, que es quien
gestiona las citas sanitarias), amenazándoles con que en su Hospital tienen una
lista de espera de muchos meses, mientras que si acuden a la clínica privada
les pueden hacer las pruebas o pueden ser operados en pocos días. La
información de esas listas de espera quirúrgicas en los Hospitales públicos
muchas veces es falsa, y el usuari@ no puede comprobar su veracidad, y acepta
la derivación a la clínica privada, porque siente la necesidad de salvaguardar
su salud. En caso de negarse a ser derivados a la sanidad privada, son
amenazad@s y colocad@s al final de la lista de espera, con la etiqueta que
pone: rechaza derivación, y son advertid@s de que su espera será de muchos
meses (cabe mencionar que en algunos casos en los que han rechazado ser
derivados, pocos días después les han dado cita para unas semanas, con lo que
se pone de manifiesto que esas listas eran ficticias).
Mientras se derivan los pacientes a los hospitales
privados, en los hospitales públicos se están cerrando
camas, quirófanos y salas de
radiodiagnóstico –que, no olvidemos, se han construido
con nuestros impuestos-, incrementando de este modo las listas de
espera. En un infernal círculo vicioso -”no es por nuestra salud, es por su
negocio”- se usan los fondos públicos para pagar las derivaciones a las
clínicas privadas, mientras se recortan los recursos (plantillas e
infraestructuras) de los hospitales públicos para “poder justificar” esas
derivaciones.
Respecto a este tema se está llevando a cabo una
campaña (Yo Elijo 100% Pública) que consiste
en negarse a hacerse la prueba en los hospitales privados presentando una
reclamación o, si la prueba fuera de carácter urgente por gravedad de la
enfermedad o similar, se considera la opción de hacérsela en el privado pero,
asimismo, presentando la reclamación por no haber sido atendido en la sanidad
pública.
Por otro lado, resulta de especial importancia en el
camino de destrucción de la sanidad pública tal y como la conocíamos, la ruptura de la universalidad por el Real
Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril que vincula el derecho a recibir atención
sanitaria al aseguramiento y que limita este aseguramiento suscrito con el
Estado (sin especificar esto bien) a los siguientes casos: trabajadores que
cotizan a la Seguridad social, pensionistas, receptores de subsidios y ayudas
al desempleo y personas que
han agotado su subsidio de desempleo pero se mantienen suscritas al INEM. Es
decir, que excluye de la atención sanitaria a los trabajadores españoles no
afiliados a la Seguridad Social, a desempleados que han agotado ya su
percepción por desempleo y que no permanecen afiliados al INEM y a trabajadores
inmigrantes sin tarjeta de residencia -no obtenida o no renovada-. Además el Decreto reduce las situaciones que
permiten ser beneficiario (los beneficiarios son los incluidos con cada
asegurado en su mismo seguro) a tan solo su cónyuge y sus hijos menores de 26
años -los hijos mayores de 26 años que no estén cotizando no podrán beneficiarse
como hasta ahora del seguro de su padre cotizante-.
En cuanto al tan propagado “turismo sanitario” las
modificaciones que se hacen son mínimas porque en realidad ya era la práctica
legal cobrar su atención a los Sistemas de sus países de
origen y el problema sobre todo ha sido la ineptitud de las
administraciones para registrar y facturar esta atención.
Ante esta ley la campaña “Yo si sanidad universal”
llama a la desobediencia civil tanto de usuari@s para que sigan acudiendo a la
red sanitaria pública reivindicando su derecho a ser atendid@s en igualdad de
derechos con las demás personas, como de trabajador@s sanitari@s
para que se hagan objetores de conciencia y sigan atendiendo los casos de
excluidos.
A modo de conclusión, pese a la alegría de la noticia
con la que comenzábamos el artículo, comprobamos como, gradualmente, hemos ido
pasando de una sanidad, universal, financiada
solidariamente a través de impuestos, y de calidad, a otro modelo de aseguramiento, donde va a primar el
beneficio empresarial, es decir, si no cotizas no serás atendido.
Por esto llamamos a los ciudadan@s a la defensa de un
modelo sanitario público, financiado con impuestos directos para que pague más
quien más tiene, por lo tanto, sin repagos en el momento de uso; universal,
esto es, que dé cobertura a toda la población que viva en el Estado español,
sin ningún tipo de exclusión; y de calidad, con una financiación suficiente de
tipo finalista para las CCAA. Un sistema
sanitario planificado para atender las necesidades de salud, tratando de
disminuir las desigualdades existentes en salud. La ciudadanía debe participar
directamente en su gestión y control.
Plataforma Sanidad
Pública Zona Norte
