Como curiosidad, informar de que la manifestación, convocada frente al Congreso de los Diputados, tuvo que desplazarse calle abajo, ya que no nos fué permitido continuar en el emplazamiento original, a pesar de no obstaculizar el paso de la gente ni de estorbar en lo más mínimo el tráfico.3.000 personas se congregan frente al Congreso de los Diputados contra la privatización de la sanidad
Se entregaron 400.000 firmas recogidas en menos de un año para exigir la derogación de la ley 15/97
La Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad CAS-Madrid (SAS, Solidaridad Obrera, CNT, Plataforma Sindical de EMT y diferentes grupos de base de barrios y localidades de Madrid), la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización y la Plataforma Matusalén (formada por más de 40 organizaciones) registraron esta tarde en el Congreso de los Diputados unas 400.000 firmas parar pedir la derogación de la Ley 15/97, que "permite entrar las empresas con ánimo de lucro en la sanidad pública y, por tanto, privatizarla".
En declaraciones a diferentes medios informativos, el portavoz de estas asociaciones, Ángel Navarro, señaló que esta recogida de firmas quiere paralizar la "brutal privatización" de la sanidad pública que se está produciendo en España, en especial en las comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Valencia, aunque también en otras gobernadas por el PSOE como Cataluña y Baleares, ya que dicha Ley es básica, y las diferentes leyes autonómicas aprobadas posteriormente derivan de la 15/97.
"En el caso de Madrid, se ha comenzado con los hospitales, están en fase los laboratorios y la salud mental y se va a seguir con la atención primaria", señaló Navarro, quien acusó al Gobierno socialista de "cómplice" por permitir esta situación. En el caso de Valencia, se acaba de abrir un nuevo hospital privado, pero con dinero público en Manises. La ley fue aprobada en 1997 con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP, PSOE, PNV, CiU y CC.
El portavoz destacó que la sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas y agregó que la entrada de las empresas en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y en cambio sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes, como se ha demostrado sobradamente en países de nuestro entorno.
Se entregaron 400.000 firmas recogidas en menos de un año para exigir la derogación de la ley 15/97
La Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad CAS-Madrid (SAS, Solidaridad Obrera, CNT, Plataforma Sindical de EMT y diferentes grupos de base de barrios y localidades de Madrid), la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización y la Plataforma Matusalén (formada por más de 40 organizaciones) registraron esta tarde en el Congreso de los Diputados unas 400.000 firmas parar pedir la derogación de la Ley 15/97, que "permite entrar las empresas con ánimo de lucro en la sanidad pública y, por tanto, privatizarla".
En declaraciones a diferentes medios informativos, el portavoz de estas asociaciones, Ángel Navarro, señaló que esta recogida de firmas quiere paralizar la "brutal privatización" de la sanidad pública que se está produciendo en España, en especial en las comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Valencia, aunque también en otras gobernadas por el PSOE como Cataluña y Baleares, ya que dicha Ley es básica, y las diferentes leyes autonómicas aprobadas posteriormente derivan de la 15/97.
"En el caso de Madrid, se ha comenzado con los hospitales, están en fase los laboratorios y la salud mental y se va a seguir con la atención primaria", señaló Navarro, quien acusó al Gobierno socialista de "cómplice" por permitir esta situación. En el caso de Valencia, se acaba de abrir un nuevo hospital privado, pero con dinero público en Manises. La ley fue aprobada en 1997 con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP, PSOE, PNV, CiU y CC.
El portavoz destacó que la sanidad pública no debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas y agregó que la entrada de las empresas en la sanidad pública no mejora la eficiencia del sistema sanitario y en cambio sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los pacientes, como se ha demostrado sobradamente en países de nuestro entorno.
