El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (PP), tendrá que rendir cuentas el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas por aprobar una operación urbanística en la que el Consistorio ha perdido más de 12 millones de euros, según consta en la querella presentada por el PSM-PSOE de este municipio. Los socialistas consideran que el primer edil popular, que fue quien impulsó la operación urbanística investigada, cometió los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios al promover la recompra de unos terrenos al mismo precio por el que se habían vendido en 2007, año en el que los precios del suelo estaban por las nubes al no haber estallado la crisis.
Los socialistas mantienen en la querella que el alcalde, de manera "consciente" y "voluntaria", "se apartó" de la normativa aplicable, y "prescindió" de los informes técnicos y valoraciones necesarias sobre la viabilidad de la operación. "Y todo ello con el conocimiento del perjuicio que dichos actos estaban ocasionando a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (Emvialsa)". La querella de los socialistas es la base de la decisión del juez, que ha llamado al alcalde a declarar como imputado al observar indicios de los mencionados delitos en la recompra de las fincas.
La operación del Ayuntamiento consiste en la adquisición en 2009 por 25 millones de dos parcelas que habían sido vendidas en 2007 a la sociedad Sotohenar por el mismo precio inicial. El perjuicio viene, según los socialistas, en que dichas fincas, que han vuelto a ser propiedad del Consistorio que encabeza García de Vinuesa, han perdido en estos tres años un 50% de su valor real, pasando de los 25 millones de 2007 a los poco más de 12 millones por las que fueron tasadas tras aprobar el equipo de gobierno esta operación financiera.
El expediente de la recompra de la parcela se inició el 27 de abril de 2009, día en el que el Consejo de Administración de Emvialsa solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas la autorización para la subrogación de un crédito que había suscrito en 2007 la entidad Sotohenar para la compra de las fincas. Según la querella del PSM, la decisión de la empresa de la vivienda municipal, cuyo presidente es también el alcalde, no fue motivada y no existían razones "objetivas" para llevarla a cabo.
Este acuerdo, adoptado gracias a la mayoría del PP, se plasmó posteriormente en un acuerdo de Pleno, que se celebró el 26 de mayo de 2006, por el que se autorizó la recompra de los terrenos. En 2007, la empresa ahora beneficiada se había comprometido a abonar en metálico 11,5 millones de euros, al igual que acordó pagar en especie el resto de la cantidad prevista entregando además un edificio de oficinas valorado en más de 13 millones. En total, pagaba 25 millones.
Con la recompra de las parcelas, el Ayuntamiento da marcha atrás a una operación ventajosa, que ahora libera a la empresa de sus obligaciones contractuales, como por ejemplo la construcción del edificio de oficinas. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se hace cargo del crédito que estaba pagando la empresa, cuyo importe había utilizado la mercantil para abonar al Consistorio los primeros 11,5 millones. Es decir, que el Ayuntamiento, en virtud del acuerdo de recompra de las parcelas, está obligado ahora a construir un edificio de oficinas y a pagar un crédito de 13 millones de euros, dos millones menos que la cantidad que recibió de Sotohenar en 2007.
La querella presentada por el PSM-PSOE en el juzgado explica también que la recuperación de las fincas la aprobó el equipo de gobierno del PP sin haber realizado antes una valoración actualizada del precio de las mismas. De hecho, esta tasación no llegó a realizarse hasta después de cerrarse la transacción, poniendo de manifiesto que el precio de las parcelas había caído un 50% por los efectos de la crisis.
La depreciación de los terrenos no tuvo que coger por sorpresa al alcalde de Alcobendas, porque antes de que se cerrara el trato fue advertido por una funcionaria del hecho de que esta depreciación podía haberse producido. La interventora municipal, Beatriz Rodríguez Puebla, firmó un informe en el que alertaba de la necesidad de que antes de que se aprobara la recompra se tenía que realizar una valoración actualizada de los bienes: "Debería constar en el expediente una valoración actualizada de los bienes que se adquieren con el fin de garantizar que se preserve el interés público mediante la gestión eficiente de los bienes y derechos del patrimonio municipal, sin que se produzca un menoscabo para la hacienda local". Pero el alcalde no le hizo caso.
La querella indica también que el contrato de compraventa de las parcelas suscrito en 2007 permitía la rescisión del contrato: "No se han aplicado las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones, documento plenamente vigente. Debemos entender que se ha incumplido la normativa aplicable al contrato entre la sociedad municipal y la mercantil Sotohenar, provocando un perjuicio valorado en más de 12 millones de euros, hecho que difícilmente puede tener justificación".
El portavoz del PSM-PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se mostró "preocupado" por la decisión del juez de Alcobendas de llamar a declarar al alcalde como imputado el próximo día 19: "García de Vinuesa ha perdido 12 millones en este mal negocio para la ciudad", aseguró. Por su parte, el teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cubián, consideró que la querella del PSM es parte de una estrategia "bastarda" que tiene la intención de "hacer daño". Según Cubián, el equipo de gobierno decidió deshacer la venta "cuyo expediente inició el PSOE" después de tener conocimiento de que la empresa estaba a punto de presentar un concurso de acreedores.
