850.400 personas han perdido su empleo y 27.055 empresas han ejecutado ERE en el primer año de vigencia de la reforma laboral. 1,8 millones de hogares tienen todos sus miembros en paro.
El próximo 10 de febrero se cumplirá un año del Consejo de Ministros que aprobó vía Real Decreto-Ley la modificación de la anterior reforma laboral de septiembre de 2010. Vendida por el Gobierno como la reforma que iba a evitar los despidos y bajar el paro –Rajoy se atrevió a declarar que “está hecha para crear empleo”–, y elogiada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, para la que “es un paso en la buena dirección”, la estadística revela que el registro de trabajadores desempleados ha aumentado en 850.400 desde entonces. Como señala Daniel Albarracín, investigador social y economista, la reforma “ha abaratado y facilitado el despido hasta niveles no vistos desde comienzos del siglo XX”.
Adoración Guamán, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia, y Héctor Illueca, inspector de Trabajo y doctor en Derecho, estiman que “abaratar y facilitar el despido en el peor momento de la crisis ha sido como apagar un incendio con gasolina”. Para Guamán e Illueca, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2012 son concluyentes a este respecto: “El número de parados alcanzó un nuevo máximo histórico, 5.778.100 personas, elevando la tasa de desempleo al 25,02% de la población activa”. Los datos de Eurostat indican que en el año que lleva en vigor la reforma laboral, la tasa de desempleo ha pasado en el Estado español del 23% al 26,6%, superando la de Grecia.
Si el balance de los datos brutos es muy negativo, poner el foco en los dos segmentos del mercado laboral con los que más se ceba la tasa de desempleo empeora aún más la foto. Según los datos de Eurostat, en noviembre de 2012 el desempleo de los jóvenes entre 16 y 25 años se situaba en una cifra récord, la más alta de la UE, 56,5%. Por su parte, la tasa de desempleo femenino asciende al 25,41%, tras una subida de más de tres puntos en apenas un año.
“Este efecto discriminatorio indirecto nos permite afirmar que no sería descabellado, como afirma el abogado Emilio Durán, que esta reforma tenga rasgos de inconstitucionalidad”, señala Daniel Albarracín. Esperanza de Lorenzo, abogada laboralista, también constata que la reforma no ha creado empleo, pero cree que sí ha tenido consecuencias, “como el abaratamiento de las indemnizaciones por despido, aumento del impago de salarios e indemnizaciones y aumento de despidos por causas económicas, este despido es más barato: 20 días por año trabajado de indemnización en vez de 45 o 33”.
A más paro, menores salarios
Donde sí puede apuntarse un tanto la reforma laboral es en haber profundizado en la devaluación de los salarios. Daniel Albarracín expone que “la vía de ajuste de las empresas para hacer frente a su crisis de rentabilidad y de endeudamiento estaba cantada: se han centrado en los costes laborales” (los salarios y rentas del trabajo).
Pese a los desoladores datos de empleo, el ministro de Economía, Luis De Guindos, no ha dudado en sacar pecho, afirmando que la reforma ha contribuído a que la economía “mejore” en competitividad. “Es cierto que los costes laborales unitarios empezaron a corregirse en 2009, pero por la vía errónea, a través de la destrucción de empleo. Ahora se está yendo por la vía adecuada: la de la moderación salarial y la productividad, y eso es gracias a la reforma laboral”, ha manifestado el ministro.
Pese a que no es cierto que se haya frenado la destrucción de empleo, Desiderio Martín, de CGT, cree que “sí es cierto que ha aumentado la competitividad, pero en base a un aumento de la productividad que viene dada por una devaluación generalizada de los salarios”. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 sitúa el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 % menos que en el segundo trimestre (1.939,73). Esta moderación ya se había pactado en el llamado “acuerdo para la creación de empleo”, firmado por CC OO, UGT y CEOE y CEPYME antes de la aprobación del Real Decreto. Sin embargo, ese acuerdo, como señala Martín, “tenía una segunda parte, que eran recomendaciones que decían que el Gobierno tenía que devaluar o al menos controlar la inflación, lo que no se ha cumplido”.
Los salarios han crecido un 0,6% en los pocos convenios que se han firmado. Bastante por debajo de la inflación, que cerró diciembre en el 2,9%. Para Daniel Albarracín, el propósito de la destrucción de empleo “no es tanto despreciar la fuerza laboral, sino abaratarla. Hemos asistido a caídas fuertes de salarios, al combinarse la presencia de un fuerte pánico entre los que aún conservan su empleo y una iniciativa empresarial inaudita para aplicar despiadadamente despidos, ERE, descuelgues salariales e inaplicación de condiciones laborales fijadas en convenio (art. 82 del Estatuto de los Trabajadores), y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (art. 41). La pulverización de la negociación colectiva es un preliminar a la individualización plena de las relaciones laborales y, con ello, al incremento del poder empresarial hasta niveles comparables a los que regían en el siglo XIX”.
Desiderio Martín no cree que esta tendencia se revierta “porque se acabó el sueño del pleno empleo, nuestra economía con este modelo productivo no da para más, no se necesita tanta mano de obra empleada, sí se necesita un ejército de reserva para devaluar constantemente los salarios y servir de factor de disciplinamiento para que la gente trabaje en cualquier condición y por cualquier precio”.
Illueca y Guamán concluyen que “es previsible que esta tendencia se acentúe en el futuro inmediato, pues la negociación colectiva se concentra en los primeros meses del año y todo hace pensar que la patronal va a utilizar la reforma, especialmente la limitación de la ultraactividad [vigencia del convenio anterior una vez vencido su plazo temporal], para seguir deteriorando las condiciones de trabajo”.
¿Jueces contra la reforma?
La reforma laboral ha abierto nuevos supuestos para justificar despidos colectivos (caídas temporales de facturación, pérdidas actuales o futuras, razones organizativas y productivas) y además ha incluido que no sea necesario el acuerdo entre las partes, lo que ha facilitado, según Desiderio Martín, “que los empresarios vayan a saco, se ha doblado la salida del mercado de trabajo por los despidos colectivos”
No obstante, algunos despidos colectivos han encontrado un inesperado escollo en los tribunales, que hasta ahora han declarado nulos 30. En el Tribunal Superior de Madrid, “de los 14 procesos resueltos hasta el 20 de diciembre de 2012, en 12 se ha declarado la nulidad de los despidos por no cumplir con las formalidades del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y el reglamento 14/83 que aparece a posteriori, y en los otros dos se ha entrado en el fondo, considerando que las pérdidas previstas no son suficientes para llegar a la causa económica negativa”, explica Martín.
Para Albarracín estas trabas se explican por la falta de documentación aportada o la prueba de buena fe negociadora, “que se produce cuando hay constatación de que no se quiere facilitar toda la información concerniente al proceso, o que la empresa no está dispuesta a ceder ni un ápice de sus planteamientos de ajuste iniciales, o que no justifica de manera detallada y proporcional a la crisis empresarial su ajuste entre la plantilla afectada, o que atente contra la libertad sindical y se despida a sindicalistas”.
No todo son buenas noticias en los juzgados. Para Esperanza de Lorenzo, la saturación es evidente: “El retraso en la resolución de litigios y celebraciones de juicios perjudica enormemente al demandante trabajador y favorece al empresario moroso, además de que permite a éste contar con el dinero que debe a sus trabajadores a buen recaudo (bancos, etc.) hasta la fecha de juicio, un año o dos. Y lo más grave, en este tiempo son numerosos los empresarios que alzan sus bienes de la empresa demandada y los traspasan a titularidad de familiares, paraísos fiscales, etc., a fin de evitar que sean embargados en el proceso judicial laboral”.
Esta abogada laboralista describe que a esto “hay que añadir una estrategia de desaparición de empresas de forma fraudulenta. Consiste en cerrar las empresas donde tienen trabajadores litigantes o a los que han despedido e impagado salarios, para continuar la actividad en otra empresa, con otro nombre”. De Lorenzo lo achaca a que “el día del juicio son los órganos judiciales quienes instan a un acuerdo a las partes, lo cual tiene como contrapartida negativa que generalmente supone un acuerdo final a la baja”.
“Ante la más que probable lentitud del Tribunal Constitucional en resolver el recurso, los jueces están utilizando el Derecho para ejercer una suerte de resistencia”, señalan Guamán e Illueca. Para Desiderio Martín, “la reforma invade situaciones competenciales de normativa internacional de plena aplicación, como la directiva europea 98/59, que dice que no puede haber un despido sin causa y que los jueces están obligados a revisar esa causa para ver que realmente es proporcional y objetiva, o el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que también está adoptado y apunta en el mismo sentido”
Las cifras de la reforma
La contratación ha caído un 4,4% en el primer año en vigor de la reforma laboral
El 7% del total de los contratos firmados este año han sido con el formato del nuevo contrato de emprendedores, el de despido gratuito el primer año
19.599 ERE con invocación de causas económicas se presentaron de enero a octubre de 2012, un 108,63% más que en el mismo periodo del año anterior (9.394).
El 68% de los ERE terminaron sin acuerdo entre los agentes sociales (mientras que fueron un 10% el año anterior). En mayo se registraron más expedientes sin acuerdo (2.047) que en todo 2011.
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Conflictos ganados: ERE parados con huelgas
Imesapi
Los trabajadores del alumbrado público de Granollers mantuvieron una huelga de 36 días que finalizó con salida negociada a la aplicación del ERE temporal, la aplicación de las tablas salariales del año 2012 que la empresa debía a los trabajadores y la regularización de los salarios de servicios mínimos debidos.
Capgemini
La consultora informática, que incrementó un 6,5% su facturación respecto a hace un año, pretendía bajar salarios y eliminar el cobro de trienios, la jornada intensiva y los beneficios sociales. Los trabajadores realizaron una huelga indefinida que en seis horas obligó a la empresa a retirar tales medidas.
Urbaser
21 días estuvieron en huelga los trabajadores de Urbaser, contrata para la recogida de basuras de Jerez, para “salvar” los 125 puestos de trabajo que estaban amenazados por un expediente de regulación de empleo (ERE). El acuerdo incluye una rebaja en la masa salarial de los trabajadores del 10% durante los próximos tres años.
Fuente: Periódico Diagonal
REFORMA LABORAL = TERRORISMO PATRONAL
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